14 - ¿Cómo se rigen las invenciones laborales?

14 - ¿Cómo se rigen las invenciones laborales?

 

La Ley de 1986 introduce un cuerpo legal regulador de las invenciones laborales tratando de conciliar los intereses empresariales con los de los inventores asalariados muy similar al que establecen la generalidad de las leyes de patentes europeas y todo ello encaminada a conseguir la promoción de la investigación en el seno de la empresa española.

En primer lugar, se indica que las invenciones realizadas por el trabajador, durante la vigencia de su contrato laboral y del próximo año a la extinción de este, y que sean fruto de una investigación propia del objeto del referido contrato, pertenecen al empresario. Debido a ello, el trabajador, en este caso, no tendrá derecho a remuneración suplementaria alguna siempre que su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa, no excedan de una manera notoria y evidente le simple contenido de su relación de trabajo.

Las invenciones efectuadas por un trabajador que no se encuentren comprendidas en las condiciones referidas anteriormente, pertenecen al mismo, siempre que la actividad profesional dentro de la empresa no hubiese influido de una forma manifiesta, en cuyo caso, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o bien a reservarse un derecho de utilización de la misma. En este caso el trabajador tendrá, a su vez, derecho a una justa compensación económica.

Es naturalmente importante, para nuestro desarrollo tecnológico universitario, el hecho de que corresponda a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por los profesores como consecuencia de su función de investigación en el propio centro, los cuales deberán notificar a la Universidad su invención y sólo de este modo tendrá derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o cesión de sus derechos en la citada invención. Los estatutos propios de cada Universidad determinan el modo y la cantidad de la participación. Si la Universidad cediese la invención al autor, la misma podría reservarse entonces una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de la explotación, así como si el profesor obtiene beneficios de la explotación tendría derecho a una participación estipulada por los Estatutos internos del Centro.

Estas consideraciones legales se extienden a los funcionarios del Estado, Comunidades Autónomas, Provinciales, Municipios y demás entes públicos. No obstante, se rigen por normas especiales los modos y cuantías de la participación del personal investigador de Entes públicos de investigación en los beneficios que se puedan obtener en la explotación de las invenciones allí efectuadas.

Antes de iniciar cualquier acción judicial basada en desavenencias relativas a lo señalado anteriormente en materia de invenciones laborales, la cuestión discutida deberá ser sometida, por según establece la Ley, a un acto previo de conciliación ante la propia Oficina de Patentes y Marcas. Se constituirá una Comisión presidida por un experto de la Oficina y por una persona designada por los trabajadores de la empresa a la que pertenece el inventor asalariado y otro Experto designado por el empresario. Una comisión análoga se constituirá en el caso de que el inventor fuese un funcionario público.

Esta comisión deberá dictar en el plazo de dos meses, desde el acto, una propuesta concreta, la cual deberá ser contestada en el plazo de quince días por ambas partes. Si no hay respuesta se entenderá la conformidad de las mismas.

Ningún Juez admitirá una demanda sin la certificación del Director/a de la Oficina que haga constar que se ha celebrado el citado acto de conciliación y que, además, mencione la disconformidad de alguna de las partes.

Los artículos 460 y 480 de la Ley de Enjuciamiento Civil son supletorios en esta materia.

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