El eterno debate de la confusión en el consumidor en los delitos contra la propiedad industrial

2015-05-11 12:12:05
Archivado como: Infracción de Marca Sentencia Marcas ¿Hay Copia?

 

El otro día a raíz de un juicio de faltas tuve un debate-discusión con el Ministerio Fiscal porque había solicitado la absolución de la denunciada por entender que los productos intervenidos no causaban confusión en el consumidor por su baja calidad. Intenté razonarle que la jurisprudencia mayoritaria y la propia Audiencia de Barcelona han definido ya con claridad que la confusión en el consumidor no es un elemento del tipo penal.

 

También la semana pasada me llego una Providencia acordando la práctica de informe pericial sobre los productos presuntamente falsos intervenidos, con la coletilla "... y sobre su capacidad para inducir a confusión en el consumidor".

 

A pesar de que la jurisprudencia mayoritaria ha definido que el bien jurídico protegido en los delitos contra la propiedad industrial es el derecho a la exclusividad otorgada por el registro de los derechos de propiedad industrial y que por tanto, no se requiere en ningún caso la concurrencia de un error o confusión en el consumidor en cuanto a los productos, los Fiscales y los Juzgados de instrucción continúan con la sempiterna "confusión en el consumidor".

 

Lo que ha de ser confundible es el signo reproducido con la marca registrada no el producto final.

 

El bien jurídico protegido es el derecho de exclusividad del uso de la marca con independencia de que en el mercado se produzca o no confusión entre unos y otros productos, es decir que, la comparación debe hacerse únicamente entre las marcas debidamente registradas y las marcas reproducidas en los artículos intervenidos. Así lo estableció además la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de Septiembre de 2000 (caso Levi´s, RJ 2000, 8074), que considera que el bien jurídico protegido lo constituye esencialmente el derecho de uso o explotación exclusivo de una propiedad industrial derivado de su registro en los organismos correspondientes.

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Así se ha ido consolidando además por la jurisprudencia de diferentes Audiencias Provinciales, es decir que para la estimación delictiva se ha de partir de la sola comparación entre la marca inscrita y la utilizada por los imputados o acusados para dilucidar si se ha incurrido en el delito contra la propiedad industrial, prescindiendo por tanto del análisis comparativo entre el producto auténtico y los imitadores.

 

El fundamento de la jurisprudencia mayoritaria para rechazar la "confusión en el consumidor" lo podríamos resumir en:

1º.- La configuración de los delitos como tipos penales plenos, pues se describen todos los presupuestos, objetivos y subjetivos y por tanto no parece lógico considerar que el legislador hubiera omitido el elemento de confusión en el consumidor en el tipo penal.

2º.- La interpretación sistemática de las normas, dado que aunque los delitos contra la propiedad industrial e intelectual están incluidos dentro del capítulo referido a “De los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores”, los dos primeros se ubican en dos secciones distintas a los otros, lo que viene a subrayar su autonomía, así como también del hecho de la existencia y posible apreciación de un concurso de delitos (delito contra la Propiedad Industrial/ delito o falta de estafa) en el supuesto de que el consumidor adquiriente del producto falsificado lo haya comprado con desconocimiento de su falsedad y asimismo resulte perjudicado por la baja calidad del producto que no guarda consonancia con el precio abonado por el mismo.

3º.- Que en la regulación de los delitos contra la propiedad intelectual ni siquiera aparezca el término confusión.

4º.- El hecho que la Ley de Marcas vincula el riesgo de confusión para el consumidor únicamente en los supuestos de signos semejantes o productos semejantes, pero no en los casos en que concurre identidad de signo y de producto o servicio (En este sentido, la reciente Sentencia nº 176/2015 de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 16 de febrero de 2015).

 

Por ello, no se trata de comprobar la posibilidad de que el consumidor se llame o no a engaño, teniendo presentes las circunstancias de la venta, ya que el delito se produce incluso cuando el vendedor de las mercaderías informa a los compradores de que la marca es falsa, pues no es el derecho de los consumidores a que la marca se corresponda con el producto original lo protegible, sino el derecho del titular de aquéllas a que sólo pueda emplearlas quien esté debidamente autorizado. Basta con comprobar que la marca está copiada o imitada en la medida suficiente, como para considerar que quien lo hace o comercializa el producto con esa marca copiada o imitada atenta del modo más grave posible contra el titular de la misma, pasándose entonces a examinar la concurrencia del dolo. En este sentido, Sentencia nº 231/2015 de 20 de marzo de 2015 de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Madrid.

 

Por tanto, el requisito de la confundibilidad, según la Sentencia nº 555/2014 de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Valencia, de 29 de julio de 2014, ha de venir referido al propio signo distintivo ilícitamente utilizado por el infractor, que habrá de ser "idéntico o confundible con aquel", no al producto en el que se utilice, que solo deberá ser el mismo o similar que aquel para el que el derecho de la propiedad industrial se encuentre registrado.

 

En definitiva, como señala la Sentencia nº 238/2014 de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de marzo de 2014, la confusión en la que incurran o no los adquirentes de los productos falsificados no es un elemento que configure el tipo penal que regula el art. 274 CP.

 

Pero me temo que el debate y la discusión en los Juzgados seguirá.

 

Joan Comorera

comorera@icab.es

http://jcomorera.blogspot.com.es/

 

 

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